Gobernanza, Participación Ciudadana y Sociedad Civil en España

Para poder formalizar una reflexión acreditativa sobre los que es las gobernanza democrática en España, comenzamos por definirla, diciendo que es el concepto novedoso y relativo, con origen a finales del siglo XX como paradigma o modelo que intenta explicar los temas que infieren sobre los asuntos públicos frente a otros modelos remotos. La gobernanza, en España, como neologismo de una improvisada traducción del portugués, nos sitúa en la etapa actual, con precedentes históricos del Estado Liberal de Derecho relativo a lo público,  en cuanto que se empiezan a denotar estos silogismos democráticos, procedentes de la primera Constitución Española, de Cádiz (que cumple su CC efeméride este año), guiado, además, por el camino hacia la independencia de los Estados Liberales de Latinoamérica (las actuales excolonias españolas y portuguesas).

En este Estado, español, que se  ha transformado en uno Liberal, de Derecho, se dan, por esa transformación de las potestades o imperativos, referentes a materias públicas y que antes eran una propiedad de excepción de los monarcas absolutos correspondientes, pues ahora pasarán a ser de una facultad  de entes legitimados en el Estado de Derecho, implicando el absoluto sometimiento de las autoridades políticas, al principio de legalidad, como una conquista tanto histórica como irreversible. Aparece una fuerte correlación entre el Estado y su sociedad, mientras que el Estado y el mercado se establecen separados e independientes.

El Estado de Derecho se encarga de regular la vida social y economía sin una gran intervención, configurando, así, un conglomerado de Derechos Políticos y Civiles a título individual, hacia los ciudadanos. Que viene configurándose al término de la Segunda Guerra Mundial como nacimiento del Estado Social o Estado Asistencial, que lo configuraran diversos modelos o tipologías europeas (modelos escandinavo, anglo-sajón, centro europeo, latino, siendo este último el característico que se da en España y con una mayor aproximación a los países latinoamericanos).

Con una filosofía de la gobernanza,  que va unida y es posterior, a otro paradigma que es la gobernabilidad, como gobierno en acción y que conduce hacia unos resultados, queda lejos del concepto que rodea esta gobernabilidad, que venia a repercutir directamente sobre las mayorías absolutas de los partidos políticos, o relacionarlos con la estabilidad parlamentaria. La gobernabilidad es la idea a la que se le va a requerir que cumpla con unos objetivos fijados, demandados por la ciudadanía a sus gobernantes (como Administraciones Públicas). Pues bien, este pensamiento, nace en los años setenta, como esa nueva gestión de las materias públicas que por medio de una constancia y por el fin de mejorar, desemboca en la acción y en los resultados. Estas ideas, provenientes de las Escuela de Chicago o conocidos como Chicago Boys (que viene a denominar a los economistas educados en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de los estadounidenses Milton Friedman y de Arnold Harberger) con unas líneas de trabajo basadas en los resultados que se dan de los servicios que se prestan por parte del Estado, a los ciudadanos; con un menor coste, se formulan medidas que mejoran la eficiencia en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, y ya no sólo de su eficacia.

 Crece una idea que se aparta de la gobernabilidad existente tras la Segunda Guerra Mundial, y ahora sí, se va a exigir más a los gobernantes, en pos de una calidad democrática que conduzca al buen gobierno que repercuta directamente sobre los ciudadanos.

Pero definiendo concretamente este concepto, y en lo que se refiere en el “Libro Blanco de la Gobernanza Europea” sobre gobernanza, que la califica como el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la economía”. Siendo la Real Academia de la Lengua Española, en su sesión del 21 de diciembre de 2000, la que también la formuló del mismo modo.

Así pues, la gobernanza, como forma de gobernar, se diferencia de los anteriores modelos por su novedad y sus características, que requiere de una experiencia hasta dar con los resultados deseados, sobre las materias que trabaja buscando el fruto de un desarrollo económico-social e institucional que realmente sea permanente en el tiempo, sin olvidar de su naturaleza es complementaria. Sus efectos deben perseguir el desarrollo en la relación con la sociedad civil, del capital social y de los Derechos de los ciudadanos. Sabemos que la gobernanza no aparece como una solución, sino que se trata de una nueva experimentación que se va materializando sobre la explicación de lo público.

Compuesta de una vocación a permanecer en el tiempo, y como instrumento del cambio institucional, es plural, busca la economía y funciona como complemento del equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado y ser así esa estrategia del cambio. La armonía integrada entre estos agentes, conduce a una nueva relación de entendimiento de lo público con el llamado “tercer sector” como conjunto de entidades ciudadanas de cualquier ámbito (ya sea ecológico-medioambiental, gremial, vecinal, cultual, etc.), que   demandará su cometido a través de la participación ciudadana o de la participación de sus miembros, llevando esa dirección tácita de la sociedad vertebradora, que exige que toda gobernanza sea democrática de por se, y posea la capacidad de gobernar y gestionar las demandas de la sociedad y la ciudadanía. Produciendo respuestas institucionales desde el gobierno que, en teoría, debe estar conformado por las elites que poseen cualidad y se encuentran preparadas para gobernar.

Estos gobernantes actuales se les requiere que sean capaces de gobernar, y conformar gobiernos preparados, capaces y democráticos que cuenten con la participación de los ciudadanos. Estos políticos, deben de gestionar lo público como forma garantista  y transparente hacia la legalidad jurídica en sentido  de los ciudadanos como fruto de las actuaciones en los intereses públicos.

La actual situación de la gobernanza española como múltiple y compleja, reflexionada en una situación de crisis económica y ciudadana, se presenta contra la  incapacidad de respuesta en muchas de las cuestiones que los ciudadanos, se formulan y aparecen como vital para la sociedad. Lo que produce de la antipatía por los gobernantes, incapaces de gestionar  de manera democrática y transparente en busca de la eficacia del sector público, para alcanzar la complacencia de los ciudadanos. Utilizando la gobernanza como la respuesta a los retos de las situaciones que se viven en España, se podría haber construido un procesos que actúen democráticamente sobre las instituciones político–administrativas. Hoy la rendición de cuentas que se prevé en la gobernanza, en la que se pretende de una explicación hacia la sociedad o lo referente a la toma de decisiones tras el análisis que tiene que ser de capacidad reflexiva y nunca improvisada, nos lleve a la acción última en lo público, se produce de forma abrupta debido a la complejidad de la Administración Pública del Estado que se ha frustrado como sistema.

Como se ha hablado anteriormente, la participación ciudadana, como acercamiento de la sociedad a lo público, hoy plantea ciertas perspectivas hacia los intereses generados por los ciudadanos en el momento de participar en los asuntos que les atañen o que sientan como interesados. Esta participación no es algo novedoso (ya se materializaba en la Antigua Griega o en el Senado Romano), pero si debemos citarlo con su nueva perspectiva adquirida y por su intensidad, pues sin esta participación ciudadana, no hay sistema democrático real. La Partición Ciudadana en el Estado Democrático de Derecho actual, se pone en marcha con el sistema electoral, como primera manifestación de representación política y participativa, mediante el sistema de partidos como representación de esa unión en el Estado Democrático de Derecho.

Los partidos políticos, que actúan como herramienta institucional participativa a través de la cual, la sociedad civil se va a pronunciar,  para poder participar a través de éstos. Pues en el desarrollo del sistema de partidos, está el ansiado (a través de siglos) sufragio universal (aquí en España, por primera vez se da tiempos de la Segunda República, en el año 1931). A finales del Siglo XIX, aparecen en España partidos de clase obrera, en representación de la clase trabajadora, con ideas izquierdistas, pero que alcanzarán una madurez tras aplicaciones y regularizaciones de todas las ideologías (izquierdas y derechas) en políticas ciudadanas hasta llegar a lo que son hoy en día. Si bien en los años ochenta, del pasado siglo, hubo un proceso critico por no ser lo  suficiente representativo como sistemas de partidos. Consecuencia de esto, aparece una nueva idea renovadora, que mediante reformas en las elecciones de sus miembros, sus controles de cuentas, las democracias internas, transparencia, etc. consigue que se reactiven y superen sus deficiencias. Pero hoy en día, aparece otra crítica referente a los partidos políticos, y es que no han sabido mantener esas reformas actualizadas e ir adaptándose a lo que la sociedad civil reclama para que su formulación como herramienta de participación ciudadana funcione con esa eficacia y fluidez.

Ello ha llevado a que los ciudadanos no participen en el control del poder político, que aunque muestren gran descontento social, sin participar en los asuntos electorales mediante el sufragio, no harán efectiva sus críticas y no se producirá ese control político. Cierto es que se busca la reformulación como complemento a esta participación a través de referéndums, sondeos de opinión, etc. pero no llegan a cumplir con sus expectativas participativas. 

Tal vez, formular nuevos y ya tastados sistema de participación, con un cambio de concepto de castigo y premio hacia los políticos que erren, que no sean transparentes o que no se ajusten al sistema democrático, y que ello conlleve a asumir responsabilidades, y pueda significa, la petición de dimitir, inspirado en un sistema ya probado y con, mayoritariamente, buenos resultados, como es la formula canadiense (entre otros muchos).

Pero es el los ayuntamientos dónde se hace más importante y directa la participación de los ciudadanos, pues su cercanía los materializa. En los municipios, los departamentos en los que radica la participación ciudadana, funcionan, como servicio de petición y asignación de subvenciones a entidades ciudadanas o asociaciones. Aunque ofrezca unos servicios complementarios, ya sea la administración del Buzón Ciudadano, por ejemplo, no es lo suficiente participativa o activa. Los ciudadanos se encuentran desaminamos y hoy no ven un servicio de la administración, que repercuta en ellos, sino que individualmente no los consideran útil, (piensan que no les hacen caso) y colectivamente es una fabrica de “saraos.” Para atajar estas situaciones existen otros modelos participativos, que tal vez sean interesante conocer, exportar y traer sus experiencias, como el “Presupuesto participativo,” de Latinoamérica, que va ha exigir de responsabilidades económicas y dónde esa buena maquinaria hace que la ciudadanía crea en la democracia participativa.    

Esta democracia participativa, pone en marcha una serie de instituciones y complementos, ya sean consultas populares, fundaciones movimientos ecologistas, entes culturales, etc. Llevando a una filosofía que realza los valores de lo público, como la ética pública o la ejemplaridad pública, dando, así respuesta a la complejidad de la actual situación de verdadera intención participativa ciudadana.

Recordar, que a nivel supraestatal, desde España poco se puede  participar en todo lo que atañe a la sociedad, pues el cosmopolitismo, como participación ciudadana a nivel global, no se puede practicar ni mucho menos controlar. Así pues, no podremos responder a las cuestiones que se nos planteen como los responsables de la actual crisis como problema exterior, a no ser que aparezca una posibilidad de controlar verdaderamente un gobierno supraestatal internacional.

La participación Ciudadana se da a todos los niveles, tanto territoriales, como de diferentes características, como de intensidad y su fin debe ser la calidad y la eficacia que repercuta directamente en beneficio de la ciudadanía.

            Retomando el concepto de la sociedad civil, se puede formular como la expresión del conjunto de ciudadanos que forman parte del sistema político territorial, articulado en diversidad de foros. Esta riqueza de lo social, pone de manifiesto que la sociedad civil de cada Estado se una como la nueva protagonista en torno a la relación existente, entre los conceptos, ya desarrollados, en los que se basa en la participación ciudadana, como caracterización de que la gobernanza debe ser democrática.

            Esta sociedad civil analiza como es la vida de un Estado, para ver su grado de desarrollo en busca del interés social, con la correlación entre el sistema político y el sistema social, evitando las fracturas sociales. Así se explica la representación participativa y el buen gobierno, siendo éste el que busca calidad, buena democracia para servir al ciudadano. En España, se necesita de que esta sociedad civil actué de manera interesada, y utilice las herramientas ya creadas, y dispuestas para ello, al servicio de los ciudadanos, con una participación democrática e interesada, pues en el ciudadano radica su propio interés o necesidad, en los acontecimientos y decisiones que se den en lo público.