El túnel oscuro de la Ética Pública

Para tratar sobre el acercamiento que se da, o debe darse, entre la Democracia en su conexión con la ética que aparece en lo relativo a lo público, para poder llegar a entender que uno no se va a poder comprender sin el otro. Es por ello que del análisis del uso de la ética, aparece la disyuntiva de que si hacer lo correcto es seguir siempre las pautas que marcan las normas, leyes, reglamentos, etc. o seguir una moralidad propia que aporta cada empleado, trabajador o aquel que se encuentre al servicio de la
ciudadanía, para afrontar una situación que se desvía de esos códigos que marcan una serie de principios establecidos por juristas en la persecución del orden social, mejora de la competitividad, transparencia y bienestar del ciudadano, en la que su opinión sea compartida y tenida en cuenta, a la vez que sean capaces de controlar el poder que les rige. Pudiendo, así el pueblo, expresar un apoyo que no sea pasivo y que evite manipulaciones de un poder oligarca o dictatorial (R. Michels). 

            La ética pública como fundamento de la una realidad social, se encuentra como expresión dentro de nuestro concepto, europeo continental/latinoamericano, como idea abstracta que pudiera aplicarse a la realidad, siendo causa de que pudiésemos renunciar a la idea de libertad. Por consiguiente, el mundo anglófono aplica esta idea a la noción de la estrecha relación de la ética con la libertad como hecho puramente material, es decir, no se puede renunciar a la libertad, pues es tangible y las dificultades libertarias se resuelven aplicando libertades materiales. De ahí nace la resultante de los casos la existencia de dictaduras que, obviamente, se han separado de las democracias conectadas a la ética pública, que no se vinculan el significado británico (y su excolonias) en que la libertad material prevalece siempre. El cómo resultante de lo acontecido históricamente, en cuanto esas dictaduras, se entienden en el momento en el que los ciudadanos continentales, no encontraban modelos de estabilidad social, que les permitiese poder resolver los problemas a los que debían hacer frente mediante las libertades de las que disponían, en una “nube” como concepto que podían disponer para subsanarlo.     

 

            Pero llegar a la dictadura, se pasa por derrumbar y corroer el sistema democrático, acudiendo a la corrupción como enfermedad que debilita hasta los pilares de estas estructuras como medio de organización del Estado (J.J. Linz). Hablamos de una Democracia que sin hacer efectiva su protección configurativa, en cuanto a la que debe ser plena, absoluta y rigurosa en su intención de que no sea desviada del camino marcado en su esencia, como forma de preservar su orden constitucional que la garantiza. Hablar de corrupción es hacerlo de clases de infracciones regladas y tipificadas por la normativa como de hecho contrario a la ley, es decir, delictivo, voluntario, por lo que se habla de delincuentes, de aquellos que de manera deliberada caen en la avaricia, apartándose así de lo que un trabajador de lo público se debe, que es sino, la forma de honestidad y servicio al pueblo. Para combatir la corrupción, que puede brotar dentro del sistema, pues sabemos de las debilidades del hombre en las que puede caer en esa desviación de la práctica de la Democracia, pues podemos hacer uso de una serie de herramientas que nos permitan rebatir estos hechos materiales, mediante lo que llevaría a cumplir el código penal que tipifica como delito a estos hechos. Y ciertamente, se debería de cumplir íntegro (no parcialmente o los casos en los que se mira hacia otro lado y no se combate la corrupción en cuerpos políticos) o el sistema podría flaquear. Además, en muchas ocasiones el propio ciudadano, es el que inicia esa tentación como camino rápido y fuera de lo establecido a la consecución de objetivos privados, ya sea desde un mínimo soborno o la llegada al poder de dirigentes políticos, se trate de lo que se trate, es un delito a lidiar. El problema, ahora, que aparece sobre la corrupción es lo rápida que es, lo mucho que se tolera y que puede no dejar huella, he incluso no se combate directamente. Por ello se necesita de un código penal, dentro de un sistema democrático, que sea eficaz y eficiente, donde las sanciones sean consecuentes con el delito cometido, procurando que sea un repelente de políticos (y funcionarios) corruptos.

            De la necedad del buen gobierno, como esa idea compleja que podemos adivinar como el gobierno en sí mismo, en que se impone ese orden desarraigado de la base social (el ciudadano) como se denota en esa manera de percepción europea continental/latinoamericana, encargado de marcar esas pautas de la anticorrupción desde el vértice superior, y como resultado, dará que, en ocasiones, sea el mismo político que marca la lucha contra la corrupción el que efectúe esos hechos ilegales, pues se pierde toda ética. Para evitar dicha coyuntura, podemos fijarnos en el caso anglófono que establece su base en la idea de la pluralidad, exigiendo un equilibrio  en la diversidad y estabilidad social mediante el acuerdo factible de racionalidad de las políticas, dónde la actividad política es a la vez técnico y práctico, como la inclusión de los departamentos que desprenden actividad para la obtención de la eficacia pública racional (M. Oakeshott) en el que una mayor libertad para todos se aplica con un gobierno que atienden demandas producidas en la sociedad, pues se encuentra inmerso en su base, de la que se nutre y se arraiga, pero utilice un fundamento técnico y profesional.      

            No se trata que nos encontremos un sistema fácil de corromper o malo, aunque si es deficitario. Apreciamos que se da la honradez en nuestras administraciones públicas, que gozamos de una libertad  impregnada del sistema social en comunión el sistema público, abordando los problemas y necesidades de la sociedad. Pero no podemos olvidar que para que se realice, se debe mantener y proteger este sistema democrático en la armonía entre la ética de lo público como repulsa de la corrupción y con la ciudadanía como a quién se le presta el servicio. Esta ciudadanía debe exigir una máxima rendición de cuentas, exigir la gratuidad de la justicia, así como la información que se le requiera con la máxima trasparencia  y eficacia desde cualquier administración pública. Es decir, se necesita de la ética pública, tanto en el sistema político como en el funcionarial, para que los ciudadanos puedan reconocer un sistema democrático que funcione correctamente, y sobre todo apartado de las irregularidades corruptibles. 

Pero hoy, las personas, los ciudadanos se encuentran estancados, acomodados en lo que se simula “un túnel oscuro, en el que se ha dejado de buscar una salida” (El Roto, viñeta) dónde a veces ya no se encuentra la ética social en ningún de sus aspectos, por lo cual no se persigue tampoco en la administración, en la Democracia, se van perdiendo valores éticos que nos impiden ver más allá para poder exigir que se cumplan de una manera racional  y que añore la ética como necesaria en una Democracia. Reclama que el buen gobierno pueda estar consigo en la base social y poder trabajar, lejos de la corruptibilidad existente, tras esta falta detectable de ética, los ciudadanos se acomodan, y se cansan de exigir, los políticos se confían y la corrupción se puede incrementar,  los regímenes dictatoriales se alimentan.  

Bibliografía:

·         Linz, Juan J. “Obras Escogidas” (2009) Vol. 4; Democracias: quiebras, transiciones y retos; Capitulo 12, Robert Michels y su contribución a la sociología política; Centro de Estudios Políticos y constitucionales; Madrid.

·         Oakeshott, Michael (2000) “El Racionalismo en la Política y otros ensayos;” Fondo de la Cultura Económica; La razón y la conducción de la vida política; México; Título original “Rationalism in Politics ans Other Essays” (1991) Liberty Press, Indianápolis.

·         El Roto, Viñeta http://elpais.com/elpais/2012/12/24/vinetas/1356361366_664070.html