En la situación actual
española, según podemos observar en la sociedad, hoy si se le pregunta a un estudiante qué quiere
ser de mayor, su respuesta es… funcionario o futbolista (adolescentes, que no
niños) y centrándonos en el punto que
trabamos aquí, el del sector público, se reconoce que no se forma adecuadamente
a la juventud española para ser emprendedora, se les presenta una visión de “lo
fácil, cómodo y seguro” (aunque no lo sea), pero sí, se detecta una dejadez y
una falta de ganas que conduzca al interés de la sociedad por la innovar.
Los jóvenes deben de formarse
para arriesgar, en el que evidentemente se conseguirán metas o se fracasará, no
aparece un clima seguro, pero si es una de las calves para la rehabilitación de
un sistema económico. Por otro lado la incorporación de un trabajador al
sistema público se ansía por su nula exigencia productividad real del desempeño
laboral, en el que no existe una censura o premio, y se ofrecen como vitalicias,
como comenta Pablo Casado.
Esta cuestión, podría abrir el
debate o que se plantee la pregunta de que si las funciones de servicio público
se desempeñan de qué manera por las Administraciones Públicas o si por el
contrario estas funciones podrían, a bien, desempeñarse por agentes privados.
Los Servicios Públicos de
Empleo Estatal, Autonómicos o Locales,
persiguen una mejora de la atención a sus usuarios, los trabajadores y
empleadores, en pos de una calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que prestan,
garantizando una coordinación entre la protección
por desempleo, las políticas activas, que eleve la tasa de intermediación en el
mercado laboral. Su misión contempla la de la mejora del funcionamiento del
mercado de trabajo, ya sea mantener o crear empleo, el pago de prestaciones por
desempleo, la adaptación de la trabajadores a las necesidad pertinentes de la economía,
evitar la exclusión de aquellos determinado colectivos que pudieran sufrir dificultades
a la hora de incorporarse a un nicho de trabajo, ya sea la disminución del
nivel de desempleo, etc. según Vicente Roselló, en uno de sus artículos.
Por contrapunto la empresa
privada, podemos caracterizarla por la organización distinta a la Pública y
unos fines que persiguen hacer economía, siendo su objetivo vender un producto,
no ofrecerlo. Los agentes privados compiten en un mercado frente a otros
agentes y ponen su esfuerzo en lo organizativo en la eficiencia, en el que el
resultado es el fin último.
Pero lo que se persigue realmente, en el ofertar un
servicio público, es la satisfacción total del ciudadano, al que le es
indiferente quién ofrezca el servicio de función pública, sino de que el resultado
le sea útil y económico. Como hemos analizado arriba, hoy el debate se abre más
por la inserción de personal en uno u otro tipo de servicio. Y son sus
empleados o sus funcionarios los que sienten el abatimiento de la actual crisis
económica. En el caso de los empleados públicos, que sufren ajustes de
salarios, o los trabajadores privados que no terminan de encontrar una
estabilidad laboral.
La experiencia lleva a que si un
ciudadano acude a un Hospital de gestión privada, va a recibir el mismo, ni mejor
ni peor, trato que en uno de gestión pública (mi experiencia). Lo importante es
que todo aquel que resida en cualquier punto de nuestra geografía, pueda
disponer de una atención sanitaria sin barreras o de una educación para
todos. La intención de comentar estos
casos, es que la cuestión que se plantea, es más dada en Sanidad y Educación,
pues son los que mayor amplitud de funcionarios abarcan, comparándolos con
cualquier otra Administración Pública, y por consiguiente, los que más tienden
a la privatización de sus servicios. Estos son los que más les afecta esta situación
o cambio de las ofertas de servicios públicos gestionados por empresas privadas
o por la propia Administración.
Es por ello que en la sociedad en la
que se encuentran dificultades o estancamientos económicos, comiencen a darse cambios nuevos hacia
otras posiciones, que puedan verse enfrentadas por diversas opiniones al respecto,
pero en busca de una enlace de ambos ejes que permita un equilibrio, que persiga
estabilidad en el sistema, pero que no reduzca los servicios logrados y
necesarios para la ciudadanía, estaremos hablando de un Estado, Comunidad Autónoma
o Localidad adaptada a una sociedad, que se preocupa por “su bolsillo,” su bienestar
y sus derechos adquiridos.
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